Cuando hablemos de vivienda procuremos que sea popular.

[Ed Muñoz]

Plan o mercado, valor de uso o valor de cambio, satisfacción de necesidades o búsqueda de la ganancia. Tomen la decisión señores, control popular del territorio, de la gestión, de la vivienda, o control de cuatro empresarios. Esa es la discusión de fondo al final. (Marozzi, 2015).

Al abordar el tema de la vivienda en Costa Rica es inevitable puntualizar algunos grandes retos a afrontar: las dificultades de dotar de soluciones habitacionales a los estratos medios, el deterioro de casas, y el aún faltante de resguardo para los sectores de menores recursos. En este contexto se ha de partir de una premisa: la vivienda en nuestro país se concibe como una mercancía más que un derecho, o en el peor de los casos, se realizan grandes negocios al usar como justificación el derecho a la vivienda estampado en nuestra Constitución Política.

La anterior afirmación es más visible cuando se aborda el tema de la vivienda de interés social, cuyo sistema fue creado en la primera administración de Óscar Arias Sánchez con la instauración del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV). A partir de ese momento se abrieron las puertas para que empresas privadas y fundaciones ejecutaran proyectos de vivienda lo cual generaría ganancias. Es por ello que surge una sana pregunta: ¿Qué es la vivienda de interés social?

En pocas palabras, el interés social es aquella motivación que busca atender los problemas o necesidades de una población, los cuales al brindarles respuesta generan un bienestar para la comunidad. En este sentido, al dotar de vivienda sectores empobrecidos históricamente en nuestro país, el valor de otras propiedades incrementaría, pero esto va más allá. Dada la configuración del SFNV los réditos de ésta acción también se traducen en ingresos para entidades financieras y empresas constructoras. Esta dinámica adquiere un especial matiz en tiempos de crisis económica del sistema capitalista.

Llegados a este punto, resulta interesante describir y contemplar la manera en que el sistema de interés social se comportó durante la crisis estructural del capitalismo en los años 2007-2008. Para ello hay que recalcar que el sector de interés social –donde se incluyen las empresas y entidades financieras- funciona con fondos públicos, por tanto, durante una crisis de la magnitud de los años ya señalados, se comporta inflexible, o, mejor dicho, no se ve afectado en gran manera ya que el flujo de dinero está asegurado, contrario a empresas que dependen de la oferta y demanda de otros grupos socio-económicos.

En concreto, empresas no relacionadas con el sector ven en éste una gran oportunidad para hacer frente a la crisis, en el ven un colchón e económico que solventaría los efectos negativos, de ahí que, algunas de estas organizaciones realizaran proyectos de gran magnitud al aprovechar el flujo de dinero del SFNV. De lo anterior se concluye que el sector de interés social brinda beneficios a empresas privadas en tiempos de crisis, y que la vivienda como mercancía ve en la necesidad de personas empobrecidas la justificación para lucrar al edificar soluciones habitacionales.

La forma en que ha operado este sistema ha logrado que muchas ideas circulen en la sociedad civil, dando como verdades algunas aseveraciones como: “a la gente pobre se le regala casa”, “la mayoría de los recursos no están bien destinados” entre otros, lo cual deja muy de lado el lucro que se presenta en la dinámica del SFNV. Es por ello, que es necesario apuntar y abrir espacio a otras alternativas que generen mejores condiciones habitacionales para las personas excluidas. Se habla de una alternativa que dignifique, con todo el carácter político que esta apalabra adquiera, no que encadene.

Una ruta alternativa es la vivienda popular, que está atravesada por la noción de liberar a las poblaciones mancilladas por el sistema capitalista de sus cadenas opresivas, además de dotar de un carácter protagónico a la población en las diversas etapas de un proyecto, desde el diseño hasta la construcción. Costa Rica tiene varias experiencias de este tipo que datan de las décadas de los setenta y ochenta, donde los comités de vivienda tomaron fuerza en el país y desarrollaron proyectos habitacionales acompañados por el Estado y ejecutadas con el cariño y mística que la autoconstrucción encierra.

Estos esfuerzos fueron socavados cuando en un primer momento el Partido Liberación Nacional vio en el movimiento votos para las elecciones presidenciales de 1986, en un segundo instante tras la instauración del sistema y colaboración conjunta en los primeros años de la década de los noventa y finalmente, la traición que sufrieron esas organizaciones por parte de José María Figueres Olsen, quien realizó una campaña de desprestigio en contra de las organizaciones populares conjunto con otras entidades estatales. La lección que dicta la historia es evitar que un partido político se adueñe de un movimiento social. Está claro que son grandes e importantes actores con los cuales se puede negociar en contextos específicos, pero dejar en sus manos la organización popular puede que solo encubra una finalidad electoral. Esta historia ya lleva años, sin embargo, nuevos actores han emergido que están dando claras lecciones.

La cooperativa de autogestión, propiedad colectiva y autoconstrucción COVIFUDAM ha realizado esfuerzos que están marcando el panorama de la vivienda popular a nivel nacional. El esfuerzo de esas mujeres y hombres durante los últimos años está gestando sus primeros frutos, los cuales han tenido el acompañamiento de profesionales y algunas autoridades del sector. Hoy por hoy la apuesta de los comités de vivienda es una vía que debemos reconstruir. Es claro que el operar del SFNV no va a cambiar, pero a lo interno se debe realizar el esfuerzo para que otras alternativas surjan, empoderen a los y las ciudadanas en aras de validar la vivienda como un derecho y no como una mercancía.