Límites:

Norte: Distrito El Carmen, Sur: Distrito San Sebastián, Este: Cantón Curridabat y Distrito Zapote, Oeste: Distrito Hospital.

Superficie del Distrito:

2,31Km2

Porcentaje de territorio respecto al Cantón:

5,18%

Caracterización del Distrito:

Es el distrito cuarto del cantón y uno de los cuatro distritos centrales que forman el casco original de la ciudad el cual ha venido experimentando un sostenido proceso de despoblamiento. Ocupa la novena posición en extensión, en cantidad de población la octava y en densidad de población la séptima. En su territorio se albergan importantes instituciones como: el Teatro Nacional, sedes de instituciones gubernamentales como del Concejo Municipal, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la sede principal del Poder Judicial, el Tribunales de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Suprema de Justicia; además de las más viejas instituciones educativas de la Provincia como el Colegio Superior de Señoritas y el Liceo de Costa Rica. Importantes centros religiosos como la Catedral Metropolitana, primera parroquia del cantón, la Iglesia la Dolorosa, la Iglesia la Soledad.

Alberga importantes parques, plazas y áreas deportivas como Plaza González Víquez, Plaza de la Cultura, Plaza de las Garantías Sociales, el Parque Escarré.

Las principales actividades que se desarrollan en este distrito son de comercio y servicios, así como actividades gubernamentales; quedando importantes zonas residenciales al sur y al este del distrito.

Barrios:

Bella Vista, California (parte), Carlos María Jiménez, Centro Catedral, Dolorosa (parte), Dos Pinos, Francisco Peralta (parte), González Lahmann, Guell, La Cruz, Lomas Ocloro, Lujan, Mil Flor, Naciones Unidas, Pacífico (parte), Gonzales Víquez, San Cayetano (parte), Soledad, Tabacalera, Vasconia.

Distrito del Carmen

Límites:

Norte: Río Torres y Cantón Goicoechea; Sur: Distrito Catedral; Este: Cantón Montes de Oca; Oeste: Distrito Merced.

Superficie del distrito:

1.49 Km2

Porcentaje de territorio respecto al Cantón:

3,3%

Caracterización del Distrito:

Es el Distrito Primero del cantón y uno de los cuatro distritos centrales que forman el casco original de la ciudad el cual ha venido experimentando un sostenido proceso de despoblamiento. Es el de menor extensión, menor cantidad de habitantes, y menor densidad de población, pero el de mayor porcentaje de población adulta mayor. Ocupa una de las primeras posiciones en cuanto a indicadores socioeconómicos. En su territorio se albergan importantes edificaciones Tribunal Supremo de Elecciones, Centro Nacional de la Cultura (CENAC), Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Asamblea Legislativa, La Antigua Aduana, Museo Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros con el Museo de Jade, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Casa Amarilla), Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, Estación Ferrocarril al Atlántico, Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica desde 1980. Sus barrios Amón, Otoya y Aranjuéz conservan un gran valor histórico arquitectónico, por tipo de edificaciones, muchas de las cuales han sido declarados patrimonio histórico arquitectónico, y que alberga el 50% de las edificaciones declaradas patrimonio. En su territorio se encuentran importantes parques como son el Parque Morazán, Parque España, Parque Nacional, Parque Francia, Parque Zoológico Simón Bolívar, Polideportivo de Aranjuez.

Actualmente la mayor parte del distrito se dedica a actividades comerciales y de servicios, así como actividades gubernamentales.

Barrios:

Amón, Aranjuez, California (parte), Carmen - Centro Carmen, Empalme, Lomas de Escalante, Otoya.

Fuente: Encuesta de hogares Municipalidad de Curridabat. Año 2011

Al abordar el tema de la vivienda en Costa Rica es inevitable puntualizar algunos grandes retos a afrontar: las dificultades de dotar de soluciones habitacionales a los estratos medios, el deterioro de casas, y el aún faltante de resguardo para los sectores de menores recursos. En este contexto se ha de partir de una premisa: la vivienda en nuestro país se concibe como una mercancía más que un derecho, o en el peor de los casos, se realizan grandes negocios al usar como justificación el derecho a la vivienda estampado en nuestra Constitución Política.

La anterior afirmación es más visible cuando se aborda el tema de la vivienda de interés social, cuyo sistema fue creado en la primera administración de Óscar Arias Sánchez con la instauración del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV). A partir de ese momento se abrieron las puertas para que empresas privadas y fundaciones ejecutaran proyectos de vivienda lo cual generaría ganancias. Es por ello que surge una sana pregunta: ¿Qué es la vivienda de interés social?

En pocas palabras, el interés social es aquella motivación que busca atender los problemas o necesidades de una población, los cuales al brindarles respuesta generan un bienestar para la comunidad. En este sentido, al dotar de vivienda sectores empobrecidos históricamente en nuestro país, el valor de otras propiedades incrementaría, pero esto va más allá. Dada la configuración del SFNV los réditos de ésta acción también se traducen en ingresos para entidades financieras y empresas constructoras. Esta dinámica adquiere un especial matiz en tiempos de crisis económica del sistema capitalista.

Llegados a este punto, resulta interesante describir y contemplar la manera en que el sistema de interés social se comportó durante la crisis estructural del capitalismo en los años 2007-2008. Para ello hay que recalcar que el sector de interés social –donde se incluyen las empresas y entidades financieras- funciona con fondos públicos, por tanto, durante una crisis de la magnitud de los años ya señalados, se comporta inflexible, o, mejor dicho, no se ve afectado en gran manera ya que el flujo de dinero está asegurado, contrario a empresas que dependen de la oferta y demanda de otros grupos socio-económicos.

En concreto, empresas no relacionadas con el sector ven en éste una gran oportunidad para hacer frente a la crisis, en el ven un colchón e económico que solventaría los efectos negativos, de ahí que, algunas de estas organizaciones realizaran proyectos de gran magnitud al aprovechar el flujo de dinero del SFNV. De lo anterior se concluye que el sector de interés social brinda beneficios a empresas privadas en tiempos de crisis, y que la vivienda como mercancía ve en la necesidad de personas empobrecidas la justificación para lucrar al edificar soluciones habitacionales.

La forma en que ha operado este sistema ha logrado que muchas ideas circulen en la sociedad civil, dando como verdades algunas aseveraciones como: “a la gente pobre se le regala casa”, “la mayoría de los recursos no están bien destinados” entre otros, lo cual deja muy de lado el lucro que se presenta en la dinámica del SFNV. Es por ello, que es necesario apuntar y abrir espacio a otras alternativas que generen mejores condiciones habitacionales para las personas excluidas. Se habla de una alternativa que dignifique, con todo el carácter político que esta apalabra adquiera, no que encadene.

Una ruta alternativa es la vivienda popular, que está atravesada por la noción de liberar a las poblaciones mancilladas por el sistema capitalista de sus cadenas opresivas, además de dotar de un carácter protagónico a la población en las diversas etapas de un proyecto, desde el diseño hasta la construcción. Costa Rica tiene varias experiencias de este tipo que datan de las décadas de los setenta y ochenta, donde los comités de vivienda tomaron fuerza en el país y desarrollaron proyectos habitacionales acompañados por el Estado y ejecutadas con el cariño y mística que la autoconstrucción encierra.

Estos esfuerzos fueron socavados cuando en un primer momento el Partido Liberación Nacional vio en el movimiento votos para las elecciones presidenciales de 1986, en un segundo instante tras la instauración del sistema y colaboración conjunta en los primeros años de la década de los noventa y finalmente, la traición que sufrieron esas organizaciones por parte de José María Figueres Olsen, quien realizó una campaña de desprestigio en contra de las organizaciones populares conjunto con otras entidades estatales. La lección que dicta la historia es evitar que un partido político se adueñe de un movimiento social. Está claro que son grandes e importantes actores con los cuales se puede negociar en contextos específicos, pero dejar en sus manos la organización popular puede que solo encubra una finalidad electoral. Esta historia ya lleva años, sin embargo, nuevos actores han emergido que están dando claras lecciones.

La cooperativa de autogestión, propiedad colectiva y autoconstrucción COVIFUDAM ha realizado esfuerzos que están marcando el panorama de la vivienda popular a nivel nacional. El esfuerzo de esas mujeres y hombres durante los últimos años está gestando sus primeros frutos, los cuales han tenido el acompañamiento de profesionales y algunas autoridades del sector. Hoy por hoy la apuesta de los comités de vivienda es una vía que debemos reconstruir. Es claro que el operar del SFNV no va a cambiar, pero a lo interno se debe realizar el esfuerzo para que otras alternativas surjan, empoderen a los y las ciudadanas en aras de validar la vivienda como un derecho y no como una mercancía.

No comparto el discurso general que se está dando en el marco del debate en relación a las municipalidades y a las responsabilidades que sobre ellas recaen. Ayer en el foro organizado por la asociación de arquitectura de la UCR se mencionaba el tema de la escala. Es verdad que sobre las municipalidades, sobre la escala local, recae la responsabilidad de elaborar los planes reguladores desde 1968. Es verdad que hasta los años 90, solo una municipalidad había logrado aprobar su plan regulador y hoy una gran mayoría no dispone aún de este documento. Pero también es verdad que las responsabilidades no caen con la misma velocidad que los medios y los recursos para atenderlas. Cuando hablo de recursos, no hablo solo de recursos económicos, sino también técnicos. Conozco el caso de municipalidades que ya tenían el plan regulador listo cuando recaen sobre ellas la obligación de realizar los mapas de vulnerabilidad y los mapas de fragilidad ambiental que vienen a atrasar el proceso, y cuya validación no depende de las municipalidades, las cuales tienen que buscar los profesionales para elaborar estos mapas, y luego hacer validar estos últimos por otras instituciones autónomas, antes de enviar todo al INVU. No estoy cuestionando aquí la pertinencia de dichos mapas técnicos (que también pueden ser discutidos), pero me gustaría recordar la pertinencia de las escalas a la hora del debate y el hecho de que no se ha hablado hasta ahora de la necesaria y cuestionable coordinación y reactividad de las instituciones autónomas, cuyo accionar tiene también un impacto sobre el territorio municipal.

Insisto en que no estoy olvidando la falta de compromiso de muchas municipalidades que no han atendido las necesidades de sus territorios. Pero también insisto en que hay procesos burocráticos en las cuales tienen que inscribirse las municipalidades, procesos que enmarcan su accionar, y que también tienen un impacto sobre la manera en que se elaboran dichos documentos.

Me gustaría igualmente precisar que no estoy cuestionando aquí la necesidad de un cambio. Muy por el contrario. Pero me parece que un reglamento y sobre todo por la manera en que ese tipo de documentos se aplican en el país, no va a venir a cambiar el ritmo de las cosas. Pienso que no son normas las que faltan en Costa Rica. Toda persona que trabaja en la temática del desarrollo urbano sabe que eso es lo que más prolífera: leyes y reglamentos. Y sin embargo su ejecución es limitada. Es ahí a donde me gustaría llevar el debate: ¿en qué medida la redacción de un nuevo reglamento me va a garantizar su ejecución, cuando el pasado nos enseña lo contrario, cuando los reglamentos anteriores han tenido una ejecución limitada, y por lo tanto un impacto local reducido? Es esa distancia la cual me gustaría resaltar, esa distancia entre la norma y la acción, entre lo que se escribe y lo que se hace, ese desfase, esa brecha, sobre todo en el ámbito del ordenamiento del territorio. Y es sobre esto que me gustaría terminar: sobre la capacidad a imaginar otras herramientas, o al menos otra manera de aplicarlas, que sean menos restrictivas. No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo el alcalde de Curridabat ayer: si ese reglamento hubiera pasado, el plan regulador de Curridabat no hubiera podido ser aprobado, lo que significa para muchas municipalidades comenzar de cero, una vez más, a pesar de tener propuestas de planes reguladores interesantes desde un punto de vista urbanístico.

Me gustaría abrir el debate hacia la posibilidad de imaginar otras maneras de acercarse a las realidades locales y de promover cambios, por otros medios que no sean reglamentos que lamentablemente, por la manera en que son redactados y ejecutados, se imponen verticalmente y atrasan procesos locales anteriores. Me gustaría terminar igualmente con el ejemplo de Francia, ejemplo que se utilizó ayer en el debate. Es verdad que en Francia existen por ejemplo leyes que fomentan la agrupación de municipalidades para dar más coherencia al ordenamiento del territorio, pero la ley (sobre todo la llamada Ley Chévènement de 1999) fomenta, promueve y facilita esas agrupaciones, no las impone. Las municipalidades escogen cooperar entre ellas. No se trata aquí de adoptar el discurso del pobrecito. Se trata de acercarse a la realidad del gobierno local, a los ritmos a los cuales esas realidades también tienen que someterse, y ¡escucharlos!

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